David Herrerías Guerra


¡Uf! ¡Qué bueno que no soy musulmán!
24/Abril/2014
En el verano del 2012 salió a la luz una investigación de la agencia AP, que describía un programa de espionaje que la policía de Nueva York había llevado a cabo durante años contra los musulmanes norteamericanos. Con ayuda de la CIA habían creado un departamento especial para cubrir todos los aspectos de la vida de los seguidores del Profeta Muhamad: dónde comían, dónde compraban, con quiénes se reunían. Utilizaban medios tecnológicos e informantes vestidos de civil. Vigilaban a todos, independientemente de las sospechas que pudiera haber en contra de ellos. Todo era registrado en detallados informes.
 
La agencia de noticias hizo después una encuesta a los neoyorquinos y resultó que el 82% de los entrevistados consideraban que los métodos de la policía eran eficaces y 58% que los agentes de la ley estaban en lo correcto al actuar así en contra de los musulmanes.  Seguramente entre este último porcentaje no se contaban los miembros del Islam. Pero la cifra no es radicalmente distinta en una encuesta que hace el Washington Post y el Pew Research Center en el 2013 (citado por Parametría), en el que 56% de los ciudadanos norteamericanos dice estar de acuerdo con que su gobierno haga espionaje telefónico con tal de contribuir a la seguridad  de la nación. 62% de los vecinos del norte considera que es más importante que el gobierno proteja a la población contra el terrorismo, incluso si eso supone invadir la vida privada de los individuos.
 
Sin embargo, la encuestadora Parametría también da cuenta de la opinión de los mexicanos al respecto: 73% de los conacionales expresan en una encuesta que no se justifica que un gobierno espíe a sus propios ciudadanos con el pretexto de la seguridad. Solo el 23 % estaría de acuerdo en sacrificar su vida privada con este fin y un 6% no sabe o no contestó.
 
La diferencia tan grande entre la opinión de los mexicanos y los norteamericanos puede tener muchas explicaciones. Y podríamos, sin hacer una investigación sólida al respecto, aventurar algunas: la psicosis que el mismo gobierno norteamericano ha creado respecto al terrorismo de forma que sus ciudadanos están dispuestos a ceder parte de sus libertades para combatir al coco; la idea de que siempre los espiados van a ser otros (los malos, los musulmanes); o siendo más positivos, la confianza que los norteamericanos tienen en que su gobierno no va a usar esa información en contra de ellos, sino en contra de los enemigos de la nación.
 
Estos datos vienen a cuento con la discusión que en estos días se da respecto al dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que presentó el Presidente, especialmente en lo relativo a la Internet, al control que quiere recuperar la Secretaría de Gobernación en algunos rubros y a la colaboración de las empresas de telefonía en materia de seguridad con el gobierno.
 
En uno de los artículos (195) de la propuesta se lee:  “Además de las anteriores obligaciones los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán: (VII) Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes (...) (XII) Cooperar con el Instituto y las autoridades competentes para prevenir y combatir la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas o tráfico malicioso, así como minimizar sus efectos en las redes de telecomunicaciones y los servicios prestados”
 
Si los mexicanos tuviéramos confianza en nuestras instituciones, y estuviéramos seguros de que ningún Juez actuaría por mandato de una agencia gubernamental para reprimir a ciudadanos molestos, o que la decisión de “bloquear o inhibir” las señales de internet no serán nunca usadas en contra de movimientos civiles molestos, a la mejor una encuesta podría arrojar una mayoría apretada que aprobara sin más estas propuestas. Pero la realidad es que esto no es así. ¿Quién y cómo se va a interpretar en un momento que un “evento es crítico”? ¿Quién va a definir que un “tráfico” de información es malicioso? ¿Osorio Chong?
 
Internet y los medios de comunicación personales que permiten a los usuarios convertirse no solo en consumidores de información sino en generadores – del broadcast al podcast – se han vuelto un dolor de cabeza para muchos gobiernos. Es más difícil controlar a un monstruo de millones de cabezas que vérsela con dos cadenas de televisión obsequiosas y agradecidas. Es verdad que tanta diversidad pueden representar peligros para la seguridad, ser herramientas delictivas. Pero al mismo tiempo son la punta de lanza para la democratización de las comunicaciones y herramientas fundamentales para una democracia más participativa.
 
Siempre habrá muchos que se sientan a salvo, porque no van a ser sujetos de las acciones abusivas de un Estado obsequiado con demasiadas facultades para vigilar y reprimir a sus ciudadanos; que se sientan a salvo porque no son musulmanes (o de izquierda, o radicales...). Pero tenemos que recordar que una de las diferencias entre una democracia y una dictadura es que en la primera, los ciudadanos quieren y pueden saber todo sobre su gobierno. En las segundas, el gobierno quiere y puede saber todo sobre sus ciudadanos.
 
 
 
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