David Herrerías Guerra


El poder del dinero
01/Agosto/2013

Este artículo lo escribo después de un receso de una semana, que pasé – lo digo sin el ánimo de causar envidia – en unas playitas de la costa de Jalisco. Si usted ha estado en la bahía de Chamela recordará que había ahí una pequeña población, incluso instalaciones para pernoctar. Pero ahora una empresa llamada Invemar se adueñó de todos los terrenos que dan a la costa en la parte sur de la bahía y ya nadie puede entrar ahí sin su autorización. Cuando preguntábamos a los habitantes de los poblados cercanos sobre la situación, se reían nerviosos y decían que no sabían nada, pero que ya nadie podía entrar, aunque antes vivieran ahí. Incluso si usted llega al lugar caminando por la playa, es invitado a salir por personal de la empresa o por guardias de seguridad, a pesar de que la playa no puede ser propiedad de un particular. Investigando un poco, al regreso, encontré que el proyecto que se va desarrollar en el lugar se llama Zafiro. Son 910 hectáreas, que incluyen un estero y se encuentra todo en una zona natural protegida, que es atendida por una programa de la UNAM. En 2010 hubo problemas con los comuneros, porque ellos tenía títulos de propiedad desde 1958, pero el gobierno estatal y municipal (de La Huerta, Jal.) apoyó a los desarrolladores encarcelando a los “rebeldes”*.
 
No tengo muchos más elementos para saber hasta qué punto fueron legales las transacciones de los terrenos, que a decir de algunos se vendieron a 3 pesos el metro, pero el esquema es muy parecido a otros que se han documentado en otras latitudes del país. Grandes empresas están comprando paraísos en la costa y los cierran al público, convirtiéndolos en hoteles de 5 o más estrellas, a los que sólo pueden acceder unos pocos. Muchas playas que eran visitadas por turistas nacionales o por la gente de las comunidades cercanas son cerradas. Rara vez los empleos que estas empresas generan mejoran las condiciones de vida de personas que vivían en la costa, con el sustento asegurado por la pesca combinada con un turismo popular. Pero el poder de estas empresas compra con muchísima facilidad a las autoridades de pequeños municipios costeros, a pesar de que tales decisiones perjudiquen a sus electores.
 
Este puede ser un ejemplo más de una amplia colección de casos en los que el poder económico impone sus condiciones, se constituye en un poder de facto, que hace doblar las manos al poder de “iure”, de derecho; al poder emanado de un proceso electoral. Pero hay muchos otros. El más conocido es el de las televisoras: ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que nuestros legisladores se atrevieran a aprobar una ley que abriera la televisión a la competencia, en contra de los deseos de el duopolio televisivo? ¿Cuántos legisladores militan simultáneamente en un partido y en la nómina de estas empresas? Y en contraparte: ¿quién le pone límites al cuasi monopolio (dominancia, le dicen) telefónico? Todavía, a pesar de la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones nos falta mucho por ver en una lucha (Slim-Salinas-Azcárraga) que no se decide en las urnas.
 
¿Más ejemplos? ¿se acuerda de las declaraciones enfáticas sobre las medidas que se tomarían para evitar la venta de comida chatarra en las escuelas? El consumo de bebidas azucaradas representa el 20% de la energía total de la ingesta diaria promedio que consumen los mexicanos. Las familias más pobres gastan más dinero en refrescos que en tortillas y frijoles y está demostrada la relación de el consumo de estas bebidas con los problemas de obesidad infantil y diabetes.  Pues a pesar de todo esto, puede usted comprobar que en las escuelas no se ha modificado casi nada la venta de estos productos a los niños y niñas. La única reacción han sido las campañas de los productos chatarra para convencernos de que no son chatarra. Para colmo, el Gobierno del Distrito Federal ¡le otorgó a Coca Cola el Distintivo “Organización Saludablemente Responsable”! Algo habrá hecho la empresa, seguramente, para alcanzar esa distinción.
 
Estos poderes presionan, generalmente, para beneficiarse económicamente. Pero tenemos casos en los que sencillamente se ejerce el poder para bloquear o favorecer ideas: cuando en México Alberto Athié se decidió, valientemente a denunciar al infame Marcial Maciel, Lorenzo Servitje, de Bimbo, logró que los medios de comunicación ahogaran la noticia y no se dijera nada. Fue tan clara y obvia su operación de encubrimiento, que cuando todas las tropelías del Legionario mayor no se pudieron ocultar más, el mismo empresario expresó su arrepentimiento. Y no hemos tocado a los grandes poderes internacionales que pueden fácilmente doblegar a toda una nación, porque tienen un capital mayor al de varios países juntos.
 
Estas grandes corporaciones económicas son dirigidas por personas por las que nosotros no votamos, no son sujetos de las leyes de transparencia, no podemos ni siquiera opinar sobre sus políticas internas, pero ejercen un poder sobre esos gobiernos que sí elegimos, haciéndolos tomar decisiones que van en contra, en muchas ocasiones, de lo que conviene a las mayorías. Son un peligro real para la democracia, porque nos arrebatan el derecho a decidir.
 
Por eso, cuando leo en los periódicos de la semana la noticia de la multa que impone la PROFECO a la Coca Cola por publicidad engañosa, así como otras sanciones a empresas abusivas o engañosas , me parece que son actos pequeños y todavía insuficientes, pero que van en la dirección correcta. Se trata de ir afirmando que los ciudadanos elegimos a nuestro gobierno para que vele por los intereses de los ciudadanos. No con un ánimo revanchista, sino para poner las cosas, sencillamente, en su lugar: hacer valer la ley de forma que el poder de las grandes empresas se sujete a la voluntad de las mayorías.
 
*Nota: fuentes sobre el caso de Chamela: Milenio, 6/04/2011; Tribuna, Pto. Vallarta, 12/07/2011 (http://bit.ly/1e7ixyH); Proceso Jalisco, 17/10/2010.
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