Sergio Aguayo


Dos expedientes
13/Abril/2011
Uno muestra a un Gobierno temeroso de la ciudadanía organizada y renuente a reconocer que hay una guerra; el otro describe las tribulaciones de una periodista morelense amenazada e indefensa porque el Estado se agacha y esfuma.

A finales de 2007 la situación ya estaba fuera de control. Cuarenta y dos periodistas habían sido asesinados o desaparecidos y sumaban centenares los amenazados. La comunidad internacional presionaba y el Gobierno federal reaccionó creando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. El deterioro no cejaba y en septiembre de 2010 se reunieron varias dependencias de la Administración Pública federal para crear el Comité Consultivo para la Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas.

En ese Comité están Gobernación, la Procuraduría, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hay una ausencia notable: no aparecen las asociaciones de periodistas ni los organismos civiles que los defienden (Artículo XIX y Cencos, por ejemplo). No fueron requeridos pese a que la CNDH y la ONU los propusieron.

Después de la remoción del Procurador gris, me entregaron un paquete de documentos sobre la política federal de protección a periodistas. Se confirma que la PGR torpedeó la presencia de los organismos civiles en el Comité y en la parálisis también fue determinante, según me confirman otras fuentes, la inexperiencia e inseguridades del subsecretario de Gobernación a cargo del asunto (Felipe de Jesús Zamora Castro).

Todas y todos pusieron su saco de cal o cemento para lograr que el Comité no funcionara; están empantanados en el nombramiento de los tres periodistas que a título individual participarán en el Comité. Una parálisis absurda porque en las reglas que se dieron las dependencias federales se concedieron el privilegio de proponer, aprobar y hasta “¡sustituir al representante del gremio periodístico cuando considere(n) que éste ha cometido algún acto que perjudique el buen funcionamiento del mismo!”. Los quieren bonitos y bien portaditos. Ni así avanzan porque la última sesión del Comité fue en el ya lejano 28 de enero. Entretanto siguen las agresiones a periodistas.

El 19 de abril de 2010 circuló en Morelos un correo electrónico con la lista de 27 “narcoperiodistas traidores”, que serían “levantados, ejecutados, enterrados, destazados” por haber traicionado al “Jefe de Jefes”. Las amenazas no han parado y en ellas aparece siempre Angelina Albarrán Morales, de El Sol de Cuernavaca, quien decidida a confrontar la amenaza, buscó comprensión y apoyo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en la Fiscalía Especial y en la Agencia Federal de Investigación de la PGR federal y hasta en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el expediente que me proporcionó y en la entrevista telefónica que me concedió insiste una y otra vez que el autor de las amenazas no es el narcotráfico sino un colega resentido empeñado en la destrucción de su carrera.

El trato recibido por Angelina es consistente con lo observado por este cronista en situaciones parecidas. Salvo contadas excepciones nuestras policías no saben investigar. Su actitud hacia la víctima es contradictoria: esperan que les dé las pistas y claves pero la tratan con profunda desconfianza; piensan como Groucho Marx: si alguien es tan tonto para buscar ayuda en la Policía merece ser tratado como sospechoso. Algunas soluciones son hilarantes, por ejemplo, un psiquiatra de la Judicial morelense, el doctor Ricardo Orellana Rodríguez, le recomendó a Angelina que mejor renunciara al periodismo y se buscara otro oficio.

El vacío dejado por el Estado lo llena como puede un gremio dividido, atemorizado y dispuesto a ceder a las presiones. Como en algunos de los correos exigían a las empresas el despido de Angelina Albarrán, dos de ellas, TV Azteca y Radio Fórmula, prescindieron de sus servicios. Se sometieron al chantaje sin saber si éste era auténtico.

Felipe Calderón se ufana de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se le olvida que también es el jefe de un gabinete que carece de lineamientos claros sobre la protección a grupos vulnerables. El resultado es un vacío de autoridad, del cual nace el ataque frontal contra la libertad de expresión.

La miscelánea

Otra variante es la de los funcionarios que amenazan a periodistas. En Jalisco acaba de dejar su cargo Alberto Jiménez Martínez, un funcionario de la Secretaría de Finanzas de aquella entidad, quien se ocultó en el alias de “La Antena” para hostigar e intimidar a periodistas. Se confirma que los periodistas del interior del País están más expuestos a las agresiones.

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