Sergio Aguayo


El nuevo trato
02/Marzo/2011
Aceptamos organizar la polarizante y polémica consulta ciudadana en el Estado de México porque es una oportunidad para impulsar un nuevo trato entre organismos civiles y clase política.

Los defensores de derechos humanos y los periodistas están indefensos. El caso más dramático es la familia Reyes Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aunque les han matado 6 integrantes se mantienen firmes y protestan y exigen justicia. Pese a tratarse de una noticia nacional e internacional, cuando el 22 de febrero un periodista de Reforma preguntó al gobernador de Chihuahua su opinión, el priísta César Duarte aseguró “¡desconocer las agresiones!”. ¿Para quién gobierna ese señor?

Una evasión más estructural es la de las burocracias sin compromiso. El País se gasta fortunas en dependencias encargadas en defender derechos pero una buena parte de ellas no cumplen con su trabajo porque no saben cómo hacerlo o porque sus lealtades están con los partidos o gobernantes que los pusieron en el cargo como parte del sistema de “cuotas”. Un caso único es el de San Luis Potosí; fue cuna de la movilización cívica independiente de partidos (el navismo) y ahora tiene a un inepto como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (José Ángel Morán Portales).

Son tantas las agresiones contra periodistas y defensores y es tan obvia la indefensión cotidiana que una de las pesadillas de ese sector es preguntarse, ¿quién sigue?; una interrogación que expresa cuán carcomidas están las instituciones encargadas de proporcionarnos seguridad. Desde este punto de vista pasan a segundo término las elecciones, ese acto ritual e intrascendente por el cual cambian las personas que ocupan cargos mientras todo permanece igual.

En este contexto llegó la invitación de las dirigencias del PAN y el PRD a Alianza Cívica y Propuesta Cívica para organizar y verificar la consulta en el Estado de México. Si aceptamos meternos en aguas tan turbulentas fue porque vimos una oportunidad de acercar a los partidos a las exigencias ciudadanas y presionar para una modificación de fondo en la relación de organismos civiles y gobernantes.

Entre las peticiones que hacemos a los dos partidos están la de iniciar un diálogo para hacer reformas en varios aspectos: 1) elaboración de un programa nacional de emergencia para la protección de periodistas y defensores en peligro; 2) acabar con la simulación en los nombramientos futuros de los titulares y de los consejos de los organismos públicos de derechos humanos; y, 3) desmontar las inhibiciones impuestas por la Secretaría de Hacienda y otras dependencias al trabajo de los organismos civiles.

No pretendemos sustituir a los organismos civiles que trabajan en estos temas, sino reforzar sus cartas de negociación. Es decir, en el caso de un programa de emergencia para periodistas y defensores simplemente apoyamos lo ya hecho por el Artículo XIX, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Quienes optamos por los métodos pacíficos más tarde o más temprano tenemos que dialogar y llegar a acuerdos con las instituciones que hay, por más imperfectas y criticables que éstas sean. Así como Andrés Manuel López Obrador tiene que acordar con las dirigencias del Partido del Trabajo y Convergencia, nosotros aprovechamos la oportunidad para empujar nuestra agenda con el PAN y el PRD.

En México se ha universalizado el “cuotismo” y todos los actores y movimientos exigen su porción de cargos. En cierto sentido estamos adoptando esta lógica pero las peticiones de Alianza y Propuesta, no pretenden espacios para un grupo o persona, van en el sentido de un cambio en las reglas generales, de un “nuevo trato” que beneficie a las causas ciudadanas y al conjunto de organizaciones civiles. Abundan, por supuesto, las trampas éticas de diverso tipo pero la forma de enfrentarlas es transparentar el manejo de los recursos, los objetivos y las negociaciones.

Vivimos un momento de emergencia; el País padece una crisis sistémica en la cual ningún partido, líder o dependencia se toma en serio las agendas de la sociedad civil. Esa indiferencia e ineficiencia facilitan la persecusión de periodistas y defensor@s. Se justifica el riesgo de ser utilizados porque, si los organismos civiles son indispensables para la regeneración de nuestra mediocre democracia, salvaguardarlos bien vale la organización de una consulta.

 

La miscelánea

Vera Sisniega es una ambientalista que aceptó ser postulada por el PRI al cargo de regidora en Cuernavaca, un cargo que ha utilizado para denunciar el manejo de las finanzas hecho por la presidencia. Fue amenazada de muerte por el presidente municipal, el priísta Manuel Martínez Garrigós y por el secretario de Acción Electoral de ese partido Juan Jaramillo Frikas. ¿Habrá alguien en el PRI nacional que se interese por estos excesos?

 

Comentarios: www.sergioaguayo.org

Colaboró German Petersen.

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