Sergio Aguayo


Bloqueos
28/Agosto/2013
¿Por qué se bloquean tantas vialidades? ¿Qué pasaría si se concilia el derecho a protestar con el de transitar y acceder libremente a lugares públicos?
La calidad de una democracia se mide por la existencia de mecanismos para conciliar derechos. La protesta en la calle es legítima pero tiene límites. Para el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, los requisitos que se deben cumplir son: 1) que sea pacífica; 2) que sea razonable en duración y costo infligido a terceros; y, 3) que tenga fórmulas para afectar al mínimo posible la libertad de tránsito y el acceso a lugares públicos.
Los maestros de la CNTE rebasan constantemente estos límites porque, dicen, es la única manera de ser escuchados por la autoridad. Tienen razón en parte: fueron oídos pero no atendidos. En marzo pasado bloquearon la Autopista del Sol y lograron un acuerdo con la autoridad para organizar foros donde recogieron propuestas que serían incluidas en las leyes reglamentarias. Gobierno y legisladores faltaron a su compromiso e ignoraron las propuestas y en la última semana los maestros desencadenaron una ola de ocupaciones de la vía pública capitalina para rechazar la "mal llamada reforma educativa" y exigir respeto a sus derechos laborales. Se antoja difícil que puedan modificar las leyes aprobadas y frenar la que pospusieron.
El bloqueo ha evolucionado. Es una forma rápida de llamar la atención de la autoridad pero, ¿cuántas de esas acciones han servido para resolver problemas de fondo? Las marchas de 1968 fueron un parteaguas de la transición y la manifestación de la sociedad civil en enero de 1994 a favor de la paz en Chiapas frenó el impulso represor del gobierno federal. Sin embargo, el bloqueo ha ido perdiendo eficacia. Los gobernantes reaccionan a la interrupción del tránsito y se sientan en "mesas de diálogo" pero los compromisos adquiridos son generalmente ignorados.
Propongo como explicación alternativa que los bloqueos se han convertido en método de preservación del orden establecido. Sirven para llamar la atención sobre una situación anómala pero no logran modificar de raíz el problema y terminan fortaleciendo el cambio simulado (el "gatopardismo"). Por ejemplo, la detención de Elba Esther Gordillo no alteró los usos y costumbres del SNTE y los bloqueos de los maestros de la CNTE tampoco han logrado una reforma educativa integral. Si se quisiera atacar de raíz la mala calidad educativa, ¿por qué no metieron en la ley que la permanencia se ligaría a la evaluación en todos los niveles de la educación pública y privada o, todavía más radical y extremo, en todos los cargos públicos?
El Distrito Federal es un caso especial por la cantidad de protestas que se realizan en la vía pública. Algunas son el resultado de asuntos locales, otras nacen de problemas en otras entidades. Una consecuencia es la incertidumbre en que vivimos. Sabemos a dónde queremos llegar pero no cuándo o cómo lo lograremos. Pese a los enormes costos que eso tiene, la autoridad se rehúsa a poner reglas.
En noviembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respondió a las 904 quejas que recibió por el bloqueo de Paseo de la Reforma recomendando al gobierno capitalino que estableciera criterios para conciliar derechos de inconformes y habitantes. En 2010, la institución repitió el llamado.
Es notable que una autoridad tan orgullosa de ampliar la protección de los derechos se resista a encontrar fórmulas efectivas para proteger a los transeúntes. Tal vez no lo hace porque regular la convivencia en la calle la obligaría a enfrentar en serio el urbanismo salvaje de la capital; el suelo es aprovechado para fines privados por restaurantes de lujo, ambulantes encuadrados en organizaciones corporativas, inmobiliarias, etcétera. Como lo mismo pasa en el resto del país, los bloqueos de las vialidades terminan alimentando una paradoja: quienes los utilizan los justifican (en la mayoría de los casos de manera inconsciente y hasta de buena fe) porque es una forma de impulsar cambios; lo que estamos viendo es que sirven para frenar las transformaciones. Quienes los utilizan y quienes los toleran terminan siendo conservadores.
En el trasfondo está una gigantesca resistencia al cambio. Nadie quiere hacerlo porque cualquier alteración de las reglas existentes afectaría negativamente a quienes ahora detentan partes del poder. Toda proporción guardada, el bloqueo de calles es como la pareja que utiliza el insulto como recurso para no cambiar. Se trata de colusiones disimuladas y conservadoras.
Este férreo bloqueo de voluntades podría resquebrajarse con la intervención del factor externo. Uno de ellos es el respeto a los derechos de libertad de acceso y tránsito de la población. Como tal vez intuyen las consecuencias, el gobierno y los maestros coinciden en minimizar, ignorar o ridiculizar esos derechos. En otras palabras, el bloqueo de calles termina apalancándose en el bloqueo de voluntades.
 
Este texto se benefició de las sugerencias del doctor José Luis Salinas.
 
Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.
 
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